Sancionar a Israel por la ocupación y la construcción del Muro. El año 2002, Israel inició la construcción de un muro de separación en Cisjordania. El muro, que hoy sigue creciendo, fue declarado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia, organismo que falló a favor de demoler la barrera.
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El 9 de julio se cumplió un año desde que la Corte Penal Internacional de la Haya adoptó una Opinión Consultiva mediante la cual declaraba la ilegalidad de la construcción del Muro por parte del Gobierno israelí. Con ocasión de este aniversario, el Comité Europeo de Coordinación de ONGs de Palestina (ECCP) lanza una campaña europea a favor de las sanciones contra la ocupación israelí, con la que reclama al Consejo de la Unión Europea y a Naciones Unidas la adopción de medidas políticas y económicas que impidan al Gobierno de Sharon continuar la construcción del Muro y lo obliguen a respetar la decisión de la Corte Penal.
En opinión de ECCP, la presión sobre el Gobierno de Israel se hace más necesaria que nunca si se pretende alcanzar una paz acorde con la legislación internacional, por lo que lanza esta campaña de recogida de apoyos y firmas de la población, que el grupo de ONG presenta el día 7 en Bruselas a representantes de Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea.
La campaña persigue la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel, el cese total de acuerdos e intercambios militares con Israel y que ni los estados miembros de la Unión ni el Banco Mundial faciliten ningún tipo de investigación, coordinación o fondos para la construcción de túneles y puertas, que contribuyan a mantener la situación creada con la construcción del Muro. Se realiza un requerimiento tanto a Israel como a los países europeos para que cumplan con las obligaciones establecidas en la sentencia de la Corte Penal Internacional, que enlaza con la Cuarta Convención de Ginebra y con las resoluciones de Naciones Unidas.
La resolución de la que se cumple un año insta al ejecutivo de Sharon a la paralización del Muro, a la demolición de las partes existentes, a la restitución de propiedades y la compensación apropiada a los afectados, al tiempo que realiza un mandato a la comunidad internacional para garantizar el cumplimiento de la legislación internacional vigente. Según recoge el texto: "todos los Estados tienen la obligación de reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada con dicha construcción; todos los Estados firmantes de la Cuarta Convención de Ginebra deben además asegurar el cumplimiento por parte de Israel de las leyes humanitarias internacionales plasmadas en la Convención".
Actualmente, Israel está construyendo el Muro en Ramalah, Jerusalén y Bethlehem. En marzo de 2005, se habían levantado 245 kilómetros de los 670 previstos, estando ya terminado en los distritos de Qalqiliya, Tulkarem y Jenin.
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